POR HORUS La Columna
El reciente fallo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) que declaró nulos los créditos fiscales impuestos al exgobernador César Duarte Jáquez y a su empresa Hidroponia de Parral S.A. no sólo tiene efectos económicos y legales: también impacta directamente el tablero político de Chihuahua y deja ver el desgaste de narrativas anticorrupción usadas por la administración de Javier Corral Jurado.
La anulación definitiva de adeudos que sumaban más de 101 millones de pesos, avalada incluso por un Tribunal Colegiado, desnuda las irregularidades con que la Secretaría de Hacienda estatal —durante el gobierno panista de Corral— llevó a cabo auditorías fiscales en inmuebles asegurados y posteriormente saqueados.
El golpe no es menor: se desarma una de las principales banderas discursivas del corralismo: la “Operación Justicia para Chihuahua”, que se presentó como el estandarte de combate a la corrupción tras la administración de Duarte. Ahora, la narrativa queda herida, pues este revés confirma que parte de las acciones que promovieron estaban mal sustentadas legalmente.
Las implicaciones en Chihuahua
En el escenario local, este fallo se da en un momento clave:
- Chihuahua está a dos años de la elección de gubernatura de 2027, y Morena, el PAN y Movimiento Ciudadano ya mueven sus piezas.
- La resolución alimenta el discurso de quienes ven en Corral un político que abusó de las instituciones para golpear adversarios.
- Reabre el debate sobre el verdadero alcance de los casos de corrupción y el uso político de la fiscalización en la entidad.
Además, políticamente, el regreso de bienes incautados a Duarte —como el terreno, el pozo y la maquinaria— y la posible indemnización millonaria al exmandatario y su empresa generan irritación social. En términos de narrativa, favorece indirectamente a los operadores duartistas que insisten en que el juicio político contra él fue una persecución con motivaciones electorales.
En el contexto nacional
Este fallo llega también en un momento sensible para el país:
- Se inscribe en una discusión más amplia sobre el uso del aparato fiscal y judicial como instrumento político, un tema presente a nivel federal y que preocupa a empresarios y sectores productivos.
- Exhibe los límites del combate anticorrupción cuando no está sólidamente sustentado en procesos legales y transparencia, debilitando el discurso de “castigo a la corrupción” que gobiernos como el de Corral, y en el plano federal el de López Obrador, han intentado colocar como distintivo.
- Envía un mensaje a otras entidades federativas: las determinaciones fiscales, cuando no cumplen con el debido proceso, pueden revertirse y terminar incluso obligando al Estado a pagar millonarias reparaciones.
Más allá de Duarte y Corral
Este caso deja dos lecciones relevantes:
- El poder del aparato fiscal requiere estar acompañado de apego absoluto a la ley, o puede terminar volviéndose en contra del propio Estado.
- Las victorias políticas de corto plazo basadas en acciones judiciales pueden, con el paso de los años, revertirse y convertirse en derrotas estratégicas.
En resumen, la anulación de los créditos fiscales no sólo alivia la situación legal de César Duarte, sino que desarma parte del legado político de Javier Corral, debilita la narrativa de su administración y obliga a los actores políticos actuales a revalorar el uso del derecho fiscal y penal como herramienta de combate político.